Zaragoza y Tarazá, reflejos del ciclo interminable de violencia en el Bajo Cauca

Edgar Quintero Herrera y Amaury Núñez González

Entre 2010 y 2018, Zaragoza tuvo las tasas más altas de homicidios en esta subregión. Desde 2017 ha sido Tarazá. Rentas económicas ilegales, alianzas criminales y un Estado débil han reactivado un nuevo ciclo de violencia sobre este territorio.

Después de varios años de una relativa paz , el Bajo Cauca se encuentra de nuevo en guerra, esta vez, el Clan del Golfo y los Caparrapos son los grupos que lideran la lucha armada. Foto: Centro de la Memoria Histórica


Durante nueve años, entre 2010 y 2018, asesinaron en el Bajo Cauca
antioqueño a 2.170 personas: 1.950 hombres y 220 mujeres. La mayoría de muertes
se concentraron en Caucasia, el corazón comercial de esta subregión conformada
por 10 municipios. Sin embargo, al hacer una relación entre la cantidad de
asesinatos y el tamaño de la población surge Zaragoza como el municipio con la
tasa de homicidios más alta durante este periodo.

En esta localidad hubo un registro de 349 asesinatos, lo que significa que
durante todo el periodo tuvo una tasa cercana a los 11 homicidios por cada mil
habitantes. El año más crítico fue 2011 con 105 homicidios, una cifra delirante
para una población con un poco más de 30 mil habitantes.

Los colores más oscuros indican los municipios con las tasas de homicidios más altas. 
Utilice los cuadros de selección (cuadro de convenciones a la izquierda) para activar o desactivar las capas del mapa. Utilice el menú del lado derecho para seleccionar municipios.

Los homicidios han disminuido en Zaragoza desde 2013, aunque con pequeñas
variaciones entre los años siguientes. Pero mientras allí este tipo de muertes
han bajado, en Tarazá y El Bagre se han disparado. Tarazá, por ejemplo, pasó de 26 casos en 2017 a 109 en 2018, un aumento del 319 por ciento.

En los dos últimos años, los homicidios en toda la subregión pasaron de 119
a 393 casos, un incremento de 233 por ciento. Un aumento así no se daba desde
el 2009, cuando las fracturas al interior de los paramilitares, formalmente
desmovilizados, provocaron una guerra por el control de la zona.

Este incremento es comparable al ocurrido entre 2008 y 2009, cuando de 126
homicidios se pasó a 417. Sucedió en el marco de la primera guerra entre los
grupos paramilitares luego de la desmovilización.

El contraste entre las tasas de homicidios de esta subregión con las tasas nacionales y departamentales dimensionan el drama humanitario que vive la región.

Vuelve la guerra al Bajo Cauca

Como se puede apreciar en el gráfico, la tasa de homicidios del Bajo Cauca creció entre el 2017 y el 2018, después de varios años con una relativa estabilidad en las cifras. La explicación se encuentra en la guerra que desde diciembre del 2017 libran el Clan del Golfo y los Caparrapos.

Ambas bandas criminales se disputan el control del territorio. Aliadas en el pasado y herederas del extinto Bloque Mineros de las autodefensas, comandados por el desmovilizado Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, los dos grupos rompieron sus acuerdos y se lanzaron a la espiral de violencia que golpea a la región.

Dos meses antes de la ruptura entre las bandas, en septiembre del 2017, David Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan del Golfo, le transmitió al entonces presidente Juan Manuel Santos su intención de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia, como consta en dos vídeos y una carta publicadas por el líder de la estructura delincuencial. El resultado de esos acercamientos fue la promulgación de la Ley
1908 de 2018
, un instrumento jurídico para el sometimiento de las bandas
criminales.

La disposición de ‘Otoniel’ para negociar con el gobierno y la ofensiva militar emprendida por el Estado desde el 2015 —que capturó y dio de baja a importantes lugartenientes—, provocaron fisuras entre las facciones del grupo. A esto se sumó el vacío de poder dejado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la presencia de los carteles mexicanos, según reporta  Verdad Abierta.

Este portal estableció que los Caparrapos, también conocidos como bloque Virgilio Peralta Arenas, se insubordinaron contra ‘Otoniel’ y el Clan del Golfo, y para ese fin se aliaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —con presencia en la zona con la compañía móvil Héroes y Mártires de Tarazá y el Frente de Guerra Compañero Tomás — y los disidentes del frente 36 de las Farc, con presencia tradicional entre Tarazá e Ituango.

Los cerca de 300 mil habitantes del Bajo Cauca están entre el fuego cruzado, generado por una confederación de bandas criminales, diezmada por las acciones militares del Estado, y otra banda en ascenso —heredera también de los paramilitares— flexible para hacer pactos con otros grupos armados y con una capacidad creciente de integración.

Guerras comparadas

El actual conflicto y el que sacudió a la región hace una década tienen tres semejanzas fundamentales. Estallaron por la ruptura entre los herederos de los paramilitares, durante el primer año el número de homicidios se triplicaron y los casos se concentraron en el eje Caucasia-Tarazá: aproximadamente siete de cada diez homicidios fueron ejecutados sobre estos dos municipios durante las dos guerras. Sin embargo, existen tres diferencias sustanciales.

La primera tiene que ver con los actores: la presencia de cárteles mexicanos y el reacomodamiento de las disidencias de las extintas Farc.

La segunda es una buena noticia, al menos por ahora: el actual conflicto no ha alcanzado los niveles de violencia del 2009. En aquella oportunidad la tasa de toda la región estuvo cerca de los dos homicidios por cada mil habitantes y no bajó de manera significativa hasta el 2012.

La tercera guerra revela la generalización del conflicto en el Bajo Cauca: los
homicidios se han desconcentrado de Caucasia.

En Caucasia, durante el 2009, fueron cometidos poco más de la mitad de los homicidios de la región. En el 2018 hubo 152 casos, el 38 por ciento del total.
Situación que contrasta con Tarazá, que pasó de tener el 17 por ciento de los
homicidios del Bajo Cauca a aportar el 28 por ciento durante el 2018.

Situación similar sucedió en El Bagre. Durante la primera guerra posdesmovilización
paramilitar solo el cuatro por ciento de los homicidios de la subregión se registraron en este municipio. En el 2018, el 13 por ciento fueron cometidos sobre este territorio, ubicado sobre la ribera del río Nechí.

Esto confirma que los actores armados homogeneizaron su presencia, ampliaron los territorios donde operan y controlan la mayor parte de la región.

El BajoCauca antioqueño se encuentra actualmente en un conflicto generalizado que no se circunscribe a los territorios sobre el río Cauca, en las estribaciones del Nudo de Paramillo, sino que se extiende sobre toda la subregión y las zonas limítrofes del departamento de Antioquia —el sur de Córdoba y Bolívar— donde opera un sistema económico criminal cohesionado a la espera de sus nuevos jefes.

Rentas en disputa

Desde la serranía de San Lucas, el sistema montañoso que conecta la Cordillera Central con las llanuras del Caribe y bordea los límites entre el sur de Bolívar y el norte de Antioquia, hasta el corredor que conecta el Nudo de Paramillo con la salida al mar del Urabá antioqueño, funciona un sistema económico criminal que, ante la débil presencia del Estado y su privilegiada ubicación geográfica —la sierra y el mar relativamente juntos—, ofrece los incentivos necesarios para luchar por su control.

En el Bajo Cauca, como en el Norte, se concentran los cultivos de coca. De las 13.681 hectáreas de coca cultivadas en Antioquia en 2017, en esta subregión había 7.241 hectáreas, según Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). Esto representa el 53 por ciento de la extensión total de los cultivos en el departamento. Cáceres y Tarazá concentran la mayor parte de los cultivos con 5.748 hectáreas cultivadas.

Con un factor adicional: desde el 2013 el área de los cultivos de coca en Antioquia ha crecido de manera sostenida. En el 2017 crecieron 55 por ciento comparado con el año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La Defensoría del Pueblo alertó que en aquellos municipios donde se han desarrollado estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos, por medio del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), son los que presentan mayor riesgo para las comunidades rurales. En el Bajo Cauca son Tarazá y Cáceres.

Al pulso por adueñarse de las rentas provenientes de los cultivos de coca se
suma la minería.

La explotación minera se encuentra en el origen y fundación de sus primeras poblaciones. Durante el siglo XVI, expediciones organizadas por conquistadores
españoles fundaron, cegados por el mito de El Dorado, los pueblos de Cáceres y
Zaragoza, que, junto a Santa Fe de Antioquia, son los tres asentamientos más
antiguos del departamento.

El desempeño de Colombia en el mercado internacional del oro depende, en buena medida, de Antioquia. Entre 2011 y 2016 la participación promedio del departamento en la producción nacional de oro fue del 44 por ciento, según datos del Ministerio de Minas y Energía. Y la producción del departamento depende en buena medida del Bajo Cauca.

Entre los seis municipios de esta subregión produjeron, entre 2012 y 2018, cerca de 96.415 kilos de oro (más de 96 toneladas), según la Agencia Nacional de Minería. En 2018, la producción se concentró en Zaragoza.

La producción, sin embargo, puede estar subestimada debido a la alta informalidad del sector y la presencia de actores criminales que controlan buena parte de la explotación.

Como para aumentar el fuego de un edificio en llamas, desde el 2011 el precio del oro viene aumentando de manera sostenida y las perspectivas para su crecimiento continúan siendo favorables. Un incentivo que no escapa a la mirada atenta de las estructuras criminales.

El Tirano de turno

Durante el primer trimestre del 2019 han sido asesinadas 86 personas en el
Bajo Cauca antioqueño, según datos de la Policía. Una reducción del 12 por
ciento frente al primer trimestre del año pasado. Cáceres y El Bagre fueron los
únicos dos municipios que tuvieron incrementos. Tarazá, el epicentro del
conflicto, tuvo una disminución notable: de 40 a 7 homicidios.

En su libro ‘El orden de la libertad’, Mauricio García Villegas argumenta cómo en amplias zonas del país su población está expuesta al impredecible ejercicio del poder del tirano de turno, motivado por un Estado incapaz de asumir funciones básicas como la recaudación de impuestos y la provisión de seguridad.

La vida de los habitantes del Bajo Cauca está a merced de los frágiles pactos de la criminalidad, fundamentados en las armas y la distribución de las rentas que produce el territorio. Los juegos de poder de las bandas criminales, cuyos resultados son dictaduras pasajeras, se llevan la vida de cientos de personas.

Acuerdos incumplidos

La implementación de los Acuerdos de Paz, pensados para responder a las demandas institucionales de territorios como el Bajo Cauca, no está funcionando. Esta es la posición de Óscar Suárez, alcalde de Caucasia, quien para este reportaje manifestó su inconformismo con la política de paz del gobierno Duque. El rechazo de las circunscripciones especiales para la paz y la desaceleración de los programas de sustitución de cultivos, han sido dos grandes decepciones para el mandatario local.

La ciudad más violenta del mundo

Si el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), la organización civil mexicana que elabora el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, hubiera considerado a los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño como una ciudad, habría alcanzado el primer lugar con una tasa de 1,13 homicidios por cada mil habitantes en el 2018.

Brazo ilegal en la política, brazo legal en la delincuencia

La cooptación de las instituciones locales por parte de actores armados ilegales es una de las manifestaciones de la debilidad estatal. La fluida relación entre Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, jefe del Bloque Mineros de los paramilitares, y los alcaldes de esa región han sido documentadas. Reinaldo Pozo, alcalde de Tarazá entre 2004 y 2007, le rindió un homenaje público. Concejales y funcionarios de la salud también han estado en la nómina estatal de la criminalidad. El 30 de enero del 2018 fue capturado José Mercedes Berrío, alcalde de Cáceres, por sus nexos con los Caparrapos.

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